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ARTICULO 49º.

(* Texto modificado por el A. L. No. 2 de 2009). La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.

 

TEMA 83.

DERECHO A LA SALUD.

(C) El derecho a la salud, es una especie del derecho a la seguridad social. Al prestarse aquel, se propende por cumplir este. No es una responsabilidad exclusiva del Estado sino que: "Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad" (Art. 49 Inc. Final).

 

A) PRINCIPIOS. La salud es un servicio público, sus principios rectores constitucionalmente son:

1. Principio de eficiencia. (Ver: Art. 48).

2. Principio de universalidad. (Ver: Art. 48).

3. Principio de solidaridad. (Ver: Art. 48).

Otros están contenidos en la Ley 100 de 1993, (principio de equidad, de obligatoriedad, de protección integral, de libre escogencia, de autonomía de las instituciones, de descentralización administrativa, de participación social, de concertación, de calidad).

B) ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y REGLAMENTACIÓN. Conforme al Inc. 2º del Art. 49, corresponde al Estado. (Ver: Ley 100 de 1993 Art. 170).De acuerdo a lo anterior la intervención del Estado está garantizada para el cumplimiento de sus fines.

C) DEBER ESPECIAL. El Art. 64 hace referencia la promoción de este servicio a los trabajadores agrarios como un deber especial del Estado.

D) FINANCIACIÓN. Para poder cumplir sus fines el Sistema General de Participaciones (SGP), en su composición contiene la participación en salud, con la destinación específica para afiliación al régimen subsidiado de seguridad social en salud, salud pública y prestación de servicios para la población pobre no afiliada al régimen subsidiado.

Así mismo el Art. 78 de la Ley 715 de 2001, ordena que el 41% de los recursos de la Participación de Propósito General sean de forzosa inversión en saneamiento básico y agua potable.

E) NIVELES DE ATENCIÓN. La atención en salud, se realiza por grados dependiendo de varios factores como la complejidad de las enfermedades, o el tipo de eventos de salubridad que se quieren prevenir o conjurar o enfrentar.

F) SERVICIO DE PROMOCIÓN. En materia de salud, se refiere a la garantía por parte del Estado en su acceso y disfrute y al deber ciudadano de cuidado personal y comunitario.

G) SERVICIO DE PROTECCIÓN. En materia de salud se refiere a la posibilidad de solicitar al Estado socorro en un momento dado y con el lleno de los requisitos establecidos.

H) SERVICIO DE RECUPERACIÓN. En materia de salud se refiere a la rehabilitación o mejora de salud de cada uno de los individuos que pertenecen a un Estado.

(Ver: Art. 49).

Concordancia(s) (1, 2, 44, 50, 288, 336, 357).

Jurisprudencia, doctrina y-o desarrollos normativos.

 

Comentario(s).

• Diversos sectores han clamado la reforma a la Ley 100 de 1993. La Corte Constitucional ordenó la reforma del Plan Obligatorio de Salud (POS), debido a la magnitud del número de tutelas, relacionadas con el Tema donde han concedido amparos de protección del derecho a la vida en conexidad con el de salud. La desfinanciación del sector; los reparos al papel de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) son otros de los aspectos de esta controversia en la que el gobierno Santos tendrá que intervenir.

• En la legislatura de 1995, durante el Gobierno Samper, se pretendió adicionar esta Artículo con un Inciso final sobre la llamada "dosis personal", donde se establecía que la ley podía prevenir, restringir y prohibir el porte y conservación estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que se podían establecer medidas terapéuticas, profilácticas y sancionatorias, Incluso de carácter penal. El proyecto fue negado en el último debate de la segunda vuelta.

 

 
PALACIO DE JUSTICIA
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