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ARTICULO 31º.

Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultado, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

 

TEMA 53.

DOBLE INSTANCIA.

(C) Garantía constitucional, según la cual, toda sentencia puede ser objeto de recurso de apelación o consulta ante el superior del que la profirió, para que la examine.

Consiste en el derecho fundamental que tiene toda persona, a recurrir la sentencia condenatoria dictada en su contra, para que un órgano superior revise lo resuelto en primera instancia. Este derecho se desprende claramente del artículo 8, punto 2, inciso h, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que integra las garantías del debido proceso tutelado por la Constitución Política.

 

A) CARACTERÍSTICAS:


1. No es absoluto. Resulta importante mencionar que este  principio dista de significar un derecho absoluto o ilimitado para que todas las resoluciones que se dicten en cualquier proceso   puedan ser recurridas ante un superior. Se reconoce la posibilidad de acceder a una doble instancia respecto de aquellas resoluciones de carácter judicial.
En cuanto al principio de doble instancia en sede administrativa, particularmente en el procedimiento administrativo sancionatorio,  para muchos tratadistas, no  constituye un derecho fundamental, de manera que su inexistencia  no representa una vulneración al derecho de petición ni al debido proceso o al derecho de defensa del administrado, considerando que el acto final deja expedita la vía jurisdiccional, donde con toda amplitud se puede ofrecer los argumentos y la prueba pertinente por quien se sienta afectado por una decisión proveniente de la Administración que estime ilegal. 


2. Es para sentencias o actos equivalentes. Se reconoce la posibilidad de acceder a una doble instancia respecto de aquellas resoluciones de carácter judicial, que dan por terminado el proceso, o bien, otras que por su naturaleza se asimilen o tengan ese efecto propio, ya que el resto de los autos o resoluciones pueden ser revisadas a través de otras instancias, incluso mediante la impugnación que procedería contra la resolución final.

(Ver: Art. 31)

           

 

 

TEMAS 54. - PRINCIPIO DE LA "NO REFORMATIO IN PEJUS"  

(C) Principio de derecho según el cual el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. Es una garantía constitucional.

A) ORIGEN. La prohibición de la “reformatio in peius” es un antiguo principio negativo (pues implica una obligación de  no nacer) de origen en el Derecho Procesal, con vigencia desde el Derecho Romano.

B) PROHIBICIÓN. Se establece que el órgano “ad quem”, o sea el que conoce el caso en segunda instancia, tiene prohibido cambiar el fallo dictado en la instancia inferior en detrimento del impugnante, si es que la contraparte no impugnó también la resolución de primera instancia. Es una consecuencia del principio de defensa, del de congruencia y del de la cosa juzgada sobre lo no atacado en la apelación.

Autores como Fairén Guillén se oponen a la vigencia de este principio con el argumento de que el interés social puede requerir en ciertos casos que se modifique el pronunciamiento en contra del vencedor, si el fallo es erróneo.

Legislaciones como la alemana permitían la “reformatio in peius”,  en el proceso penal atendiendo que el  interés público que va más allá de la petición de las partes. Es lo que se denomina “reformatio in mellius”.

C) APLICACIÓN. Este principio tuvo origen en el derecho penal, pero su aplicación se ha extendido al derecho Civil y otras áreas del derecho, ya que el vocablo “pena” es de amplia aplicación. Ej., Argentina,  España, Perú, Venezuela, Colombia, Chile, entre otros; acepta este principio tanto en materia civil como penal.

 

(Verse: Art. 31)

 

Concordancia(s) (29, 85,86, 248, 277-1).

Jurisprudencia, doctrina y-o desarrollos normativos.

 

Comentario(s).

• Se consagran en esta norma dos principios jurídicos: a) el de la doble instancia. b) el de la "no reformatio in pejus".

• Los jueces no gozan del dogma de la infalibilidad, por lo tanto pueden errar. La garantía constitucional de la doble instancia busca subsanar judicialmente esta posibilidad. Es la revisión del caso por el superior del que adoptó la decisión que en muchas ocasiones es un juez colegiado (Tribuna) y/o de máxima instancia u órgano de cierre (Corte respectiva o Consejo de Estado).

 

 
PALACIO DE JUSTICIA
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