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ARTICULO 248º.

 

Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales.

 

TEMA 222.

ANTECEDENTES PENALES. Y CONTRAVENCIONALES.

(C) Son las anotaciones judiciales que se realizan en el registro central correspondiente de las condenas impuestas a una determinada persona por la comisión de algún delito, una vez dictada sentencia definitiva en el correspondiente proceso penal.

El documento sobre el pasado judicial, comúnmente se conoce como Certificado Judicial. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales.

Concordancia(s)

(28, 29, 31, 179-1, 230, 232, 249, 266, Inc. 1, 267, Inc.8)

Jurisprudencia, doctrina y-o desarrollos normativos.
Artículo 248: (Sent. C-114 de mar.25/93, M.P. Fabio Morón Díaz).

 

 

Comentario(s).

• El “pasado judicial”  (Antecedentes Penales) era un documento nacional expedido por el extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) de Colombia en donde se certificaba, previa comprobación de su identidad, sí un ciudadano colombiano mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía,  tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales y de policía del país.

• El Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, era la entidad del Estado encargada de llevar el registro delictivo a partir de la información suministrada por las autoridades judiciales, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 2398 de 1986 y 218 de 2000. Durante el Gobierno URIBE VÉLEZ, funcionarios de esta entidad protagonizaron un gran escándalo por las interceptaciones telefónicas y seguimientos a miembros de la Corte Suprema,  lideres de la oposición, periodistas etc.  En el gobierno SANTOS C., fue ordenada su extinción.

• La Corte Constitucional dada la relación entre  el habeas data y los antecedentes penales en sentencia de unificación (SU-458-2012) exhortó a: “(…) la Defensoría del Pueblo,  a la Procuraduría General y al Congreso  de la República para que, en ejercicio de sus competencias, y si así lo estiman conveniente, preparen aquellas, e impulse éste, un proyecto de ley estatutaria en relación con el régimen aplicable a las bases de datos sobre antecedentes penales, que pueda atender de forma comprensiva, los distintos intereses que se dan cita en la actividad de administración de información personal relacionada con antecedentes penales.”

 

 

 
PALACIO DE JUSTICIA
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