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ARTICULO 23º.

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales..

 

TEMA 42.

DERECHO DE PETICIÓN.

(C) Facultad de toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

 

A) CLASES.

Existen varias clasificaciones realizadas por autores como COLLIARD, MORALES M. PEREZ E.,con base en ellas proponemos:

1. Quejas. Exposiciones de Inconformidad verbal o escrita con respecto de una actuación oficial o particular .Con la precisión que no es un recurso legal, aunque uno de ellos se llame así. Es tal su importancia que la Defensoría del Pueblo en su organización interna incluye la Dirección de Atención y Trámite de Quejas, ya que de ella se derivan actuaciones que pueden constituir violación de derechos humanos. Otras entidades también tienen dependencias para el trámite de quejas.

2. Manifestaciones. Simples expresiones de la libertad de opinión, que pueden revestir un deseo de dirigido a ciertas autoridades (PÉREZ E.).

3. En interés particular. Situación referida a una persona en concreto.

4. En interés general.La situación afecta un numero plural de personas sean determinadas o determinables. Se peticionan cosas relacionadas con la utilidad pública y el bienestar de todos. Esta prerrogativa se concreta en el "Derecho de audiencia", que se ejerce en múltiples casos como instrumento de participación ciudadana.

B) TITULARES.Toda persona, sea natural o jurídica, nacional o extranjera.

D) DESTINATARIOS. Toda autoridad y ante las "organizaciones privadas", en los casos que establezca la ley.

E) RESTRICCIONES. Como no es un derecho absoluto, tiene estas limitaciones.

1. Extranjeros. Las derivadas de la aplicación del Art. 100.

2. Miembros de la Fuerza Pública. Las derivadas de la aplicación del Art. 219 Inc. 1º.

F) ALCANCE. Comprende dos derechos:

1. A presentar peticiones respetuosas. Las personas tienen el deber de dirigirse a las autoridades en "términos comedidos" es decir de manera cortés.

2. A obtener "pronta resolución". Se presenta, cuando la autoridad ante quien se dirige la petición, la responde sin dilación. "Es una respuesta rápida acorde con el administrativo principio de celeridad". (MADRID M.) Los retardos injustificados, violando el principio de celeridad administrativa o por fuera de los términos legales, constituyen una vulneración a este derecho fundamental.

No se trata de cualquier respuesta, sino una de fondo, aunque no necesariamente se debe acceder a lo propuesto por el peticionario. La resolución de las peticiones debe ser pronta y oportuna, es decir a tiempo y de manera conveniente.

G) SILENCIO DE LA ADMINISTRACIÓN. El silencio de la administración tiene efectos jurídicos así: Si transcurre un plazo de tres meses a partir de la presentación de la petición sin que se haya notificado la respuesta se entenderá negativa. Lo cual no exime de responsabilidad a la autoridad concernida. ".(y) a que no deberá entenderse como la vía expedita para el desconocimiento del núcleo esencial del derecho fundamental de petición." (Corte Constitucional Sent.-T -426 de 1992).

H) MINISTERIO PÚBLICO. El CPACA impone a sus integrantes el deber de velar por su ejercicio.

 

(Ver: Art. 23) 

 

Concordancia(s) (2,20, 74, 85,112).

Jurisprudencia, doctrina y-o desarrollos normativos.

 

Comentario(s).

• El derecho de petición fue reconocido por vez primera en Colombia en la Constitución de Cúcuta de 1821, inspirado en la Constitución de Francia de 1791.No figura en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

• Al año 2008, no se había desarrollado legalmente este derecho frente a particulares. Cuando ellos desempeñan función pública o servicios públicos estarían obligados a dar respuesta a las peticiones.

• El CPCA trató el Tema del derecho de petición del artículo 13 al 33, legislación declarada inexequible en la Sentencia C-818 DE 2011. Expresó que por tratarse de un derecho fundamental, solo podía hacerse mediante Ley Estatutaria.

 

 

 
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